Noticias
Más de 50.000 habitantes de la ciudad andina de Huaraz se ven amenazados por una avalancha debido al calentamiento global. Por ello, Saúl Luciano LLiuya, un agricultor andino y guía de montaña, ha decidido tomar la iniciativa: El 24 de noviembre de 2015, presentó una demanda contra la empresa energética RWE ante un tribunal civil alemán.
Un año después de la visita del tribunal a Huaraz, el informe de los expertos estará finalmente disponible este verano. Se espera una audiencia ante el Tribunal Regional Superior de Hamm todavía este año.
Este estudio de caso sobre la mina de cobre Andina, en Chile, muestra que los fabricantes europeos de maquinaria minera mantienen estrechas relaciones comerciales con la mina, a pesar de que las actividades mineras que llevan a cabo en esta zona dañan los glaciares circundantes, agravan de manera masiva la escasez de agua en la región y de que los habitantes locales protestan contra la ampliación de la mina. En este estudio, mostramos cómo las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medioambiente en la cadena de valor descendente deberían ser asumidas por las empresas europeas. Ya que los fabricantes de maquinaria minera se enfrentan a importantes riesgos en materia de derechos humanos y medioambiente en sus relaciones comerciales con los clientes.
Hace siete años, Saúl Luciano Lliuya, de la ciudad andina peruana de Huaraz, acudió a un tribunal civil alemán para exigir al mayor emisor de gases de efecto invernadero de Europa, RWE, que asuma responsabilidad. Lo que empezó entonces es ahora un precedente visto a nivel mundial para la cuestión de si los grandes emisores tienen que pagar por la protección de los riesgos climáticos.
Para el 2022, se volverá a impulsar el caso de Huaraz: en el próximo mayo, el Tribunal Regional Superior de Hamm realizará una visita a Huaraz. La visita a la zona de riesgo se había retrasado desde 2019 por la pandemia del Covid19. En Perú, la primera acción de pruebas debe ser revisada: los expertos examinarán la cuestión de si la casa del demandante Saúl Luciano Lliuya está realmente amenazada por una ola de inundación del lago glacial.
Como demuestra el caso del proyecto minero de Cerro Matoso en Colombia, tanto la normativa vigente en el país como las medidas de diligencia debida de las empresas son insuficientes para abordar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales asociados a las actividades mineras y a las cadenas de suministro de materias primas. La diligencia debida en materia del ambiente, si se hubiera aplicado a tiempo, podría haber evitado graves violaciones de los derechos humanos. El estudio señala la dificultad de responsabilizar a las empresas de estos daños a la salud relacionados con la contaminación ambiental que provocan.